Principios orientadores para la investigación y judicialización de la trata de personas cuando su comisión involucra actores indígenas - Maria Ximena Diaz Echeverri (Revista Internacional de Cooperación y Desarrollo)
La trata de personas es un delito transnacional que reviste cada vez mayor relevancia en los ámbitos nacional e internacional. Lograr su total erradicación se ha convertido incluso en una de las metas de los objetivos de sostenibilidad –concretamente la meta 8.7–, pero para lograr una real lucha contra este delito es necesario que toda la sociedad esté de acuerdo en su persecución y castigo. De lo contrario, las redes que protegen su comisión se fortalecen permeando aquellos escalones de la sociedad que no están dispuestos a reprimir este delito y que por el contrario buscan “normalizar” su comisión, incentivando estereotipos bajo los cuales ciertas personas, especialmente mujeres, niños y población vulnerable pueden ser sometidos a los designios de otra persona. Una de las poblaciones más afectadas por esta conducta es la población indígena, de donde no sólo se extraen personas para ser tratadas sino que además ocurren las mismas conductas al interior de ciertas comunidades y bajo el “amparo” de ciertas tradiciones o cosmovisiones ancestrales. A pesar de la independencia reconocida a la jurisdicción indígena, la vulneración de la dignidad humana exige canales de comunicación con la jurisdicción ordinaria orientados a impedir que el delito se siga propagando.