Alcance de la reforma actual de la Ley 1952 de 2019 por parte de la Ley 2094 de 2021, frente al cumplimiento de las garantías exigidas por el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en lo que respecta a la adopción de sanciones disciplinarias que restringen derechos políticos a servidores públicos de elección popular - Sergio Luis Mondragón Duarte (Opinión Jurídica)
La presente investigación tuvo como propósito central determinar el alcance de cumplimiento que ha tenido la adopción de las garantías convencionales en el derecho disciplinario administrativo colombiano, en el marco de los servidores públicos de elección popular, a partir de la expedición del fallo Petro Urrego vs. Colombia en el año 2020. De esta manera, dicha pesquisa se sustentó metodológicamente en un enfoque cualitativo con alcance analítico-explicativo, el cual desde el punto de vista hermenéutico desglosa un conjunto de argumentos jurídicos que permiten entrever el alcance de la reforma actual de la Ley 1952 de 2019 por parte de la Ley 2094 de 2021, frente el cumplimiento de las garantías exigidas por el numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en lo que respecta a la adopción de sanciones disciplinarias que restringen derechos políticos a servidores públicos de elección popular. En ese sentido, el resultado de esta pesquisa condujo a ofrecer elementos jurídicos que permitiesen fortalecer el orden institucional de las autoridades que tienen a cargo el ejercicio de la función disciplinaria, pues da a conocer y a entender más la realidad actual del derecho disciplinario administrativo frente a la necesidad de incorporar inexorablemente las garantías convencionales en el ordenamiento disciplinario colombiano, así como de satisfacer su aplicación y cumplimiento efectivo, so pena de que a futuro se llegasen a presentar múltiples demandas y posibles condenas en contra del Estado colombiano por incumplimiento a las mismas. A partir de lo anterior, se concluye que es pertinente contar con autoridades judiciales competentes con autonomía, independencia e imparcialidad absoluta, que administren la función disciplinaria plena de forma en Colombia, en cumplimiento de los estándares internacionales adoptados para sancionar a los servidores públicos, especialmente los de elección popular.